Mario Néstor Oporto. Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales del Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
La Democracia recuperada hace cuarenta años, luego de ciclos de oprobiosas dictaduras, consideró a la educación como la herramienta estratégica para sostenerla y profundizarla. Hemos logrado en este período importantes conquistas. Existe un consenso generalizado respecto de la necesidad de hacer más equitativa y de calidad las propuestas de política educativa. La consolidación de la Democracia requiere de la mejora de la realidad económica y social del conjunto de la población. La educación es un instrumento poderosamente eficaz para este fin.
Palabras clave: Democracia, Nación, Educación, Política educativa, Memoria colectiva.
La Democracia recuperada hace cuarenta años, luego de ciclos de oprobiosas dictaduras, consideró a la educación como la herramienta estratégica para sostenerla y profundizarla. El Congreso Pedagógico miraba ese horizonte. Es posible sostener que en estas cuatro décadas se han producido transformaciones vinculadas a los derechos educativos, la diversidad cultural y la justicia social. Este proceso amplió las fronteras de la educación tradicional.
Durante estos años, junto al conjunto de la región –con avances y retrocesos–, se vivió un aumento del acceso a la escolarización en todos los niveles, un crecimiento del financiamiento estatal por alumno y un reconocimiento de derechos de poblaciones excluidas y marginadas.
Como señala Axel Rivas:1 “No todos los países apelaron a las mismas estrategias ni avanzaron al mismo ritmo, pero hubo una convergencia en la asunción del reto de una educación para todos extendida hasta el final del nivel secundario”.
Los fines de las políticas educativas –y también las luchas de los colectivos docentes– se encuadraron, en muchos casos, en objetivos más amplios de políticas públicas como la reducción de la pobreza, la mejora de la nutrición, la prevención de la salud, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la reducción de las desigualdades, la protección del medio ambiente, entre muchas decisiones tendientes a constituir sociedades pacíficas, democráticas e incluyentes.
Si bien se ha avanzado en estos propósitos, garantizando altas cifras de acceso a las aulas, el conjunto de los estudiantes no alcanza todavía en ellas los niveles de aprendizaje requeridos para la dinámica compleja del mundo contemporáneo.
Se han hecho grandes esfuerzos tanto en reformas legislativas como en el aumento de la inversión en educación y ciencia. Pero también ha habido más de una experiencia de intentos de reforma que se han desarrollado prescindiendo de los docentes o, incluso, diseñadas contra los docentes.
Hoy, los nuevos desafíos requieren de un ejercicio fundamental y permanente: construir Memoria para preservar lo mejor del legado y cambiar lo que sea necesario conociendo los puntos de partida.
La historia de nuestro sistema educativo tiene paralelismos con la formación del Estado Nacional. La educación siempre ha sido la estrategia determinante para construir una identidad compartida y un sentir colectivo. Las prácticas educativas tienen carácter político, y la política es un proyecto cultural. Educar es formar ciudadanos para un modelo de comunidad.
La tradición iniciada por Manuel Belgrano fue reafirmada por la Constitución Nacional de 1853 cuando plantea la obligación, como mandato a las provincias, de ofrecer educación primaria gratuita. Ahí el ideal de Alberdi. La reforma de 1860 eliminó la mención a la gratuidad. La Ley 1420, que abarcaba solamente los territorios nacionales, fue la que estableció los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicidad. Sobre este imaginario se erigió la historia y la nostalgia de nuestra educación.
Numerosas investigaciones de ciencias sociales han dado cuenta del rol fundamental de la escuela para el nacimiento de la Nación Argentina. En otras palabras, la conformación del sistema educativo ha sido un proceso que constituyó la idea de nacionalidad.
Esto se llevó a cabo negando, muchas veces, las identidades culturales diversas a través de la implementación de instituciones, como la escuela, que legitiman una uniformidad cultural nacional moderna. Los actos escolares, las efemérides, el relato acerca de la historia y los próceres argentinos alimentaron la construcción de una mirada en torno al pasado, una perspectiva historiográfica que tendió a monopolizar un relato sobre la idea de nacionalidad.
La tarea era la de consolidar un territorio unificado, una única lengua, una historia común, una identidad, una identificación civilizatoria. Lejos de una mirada global que contemplara la complejidad de las pluralidades culturales, la intención fue la de transmitir una idea de homogeneidad.
Las investigaciones provenientes de las ciencias de la educación, la historia y las ciencias sociales en general, dan cuenta de que la escuela fue exitosa en la construcción de la nacionalidad argentina. El Estado nación se conformó y el sistema educativo alimentó su consolidación.
Asimismo, la concepción de nacionalidad argentina no contuvo una representación respecto de América Latina, alejándola así de una identidad más amplia o de una mirada regional. De esta manera, Argentina fue una nueva nación cuyo nacimiento se sucedía como ruptura con un pasado considerado oscuro, salvaje o no reconocido.
La recuperación de la Democracia tuvo mucho que ver en la ampliación de las miradas y las lecturas de nuestro pasado. El mandato de 1983 fue construir Memoria, Verdad y Justicia. La educación aparecía, una vez más, como el mejor y más eficiente dispositivo de intervención estatal, esta vez para reafirmar el “nunca más”.
El retorno de la Democracia significó, también, la obligación de crecer en materia de justicia social y educativa. Fue así que se avanzó en el reconocimiento del derecho social e individual de la educación, ampliando el acceso en todos los niveles del sistema.
Hemos logrado en este período importantes conquistas. La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 es el corolario de un proceso de construcción de consensos y reaseguramiento de derechos que hoy nos permiten contar con las normas necesarias para promover educación pública, gratuita y de calidad a lo largo de toda la vida.
La tarea educadora es una responsabilidad nacional que requiere del concurso de todos. La clave es el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad. En ese sentido, se debería profundizar la práctica de la educación como base fundamental de la justicia social, la economía del conocimiento y la Democracia en esta primera mitad del siglo XXI.
Existe un consenso generalizado respecto de la necesidad de hacer más equitativa y de calidad las propuestas de política educativa. La consolidación de la Democracia requiere de la mejora de la realidad económica y social del conjunto de la población. La educación es un instrumento poderosamente eficaz para este fin.
Sin embargo, el concepto de equidad merece nuevas lecturas. Los educadores, cada vez más, la sacan de los límites de la cobertura como ingreso al sistema para definir la justicia educativa en función de conocimientos equivalentes y egresos igualitarios.
Se tiene el desafío de acompañar procesos necesarios de transformación de la matriz productiva en cada uno de nuestros países, formar para los cambios acelerados en la tecnología y en las nuevas modalidades de trabajo, mejorar la convivencia social condicionada por la urgente necesidad de disminuir la pobreza y las desigualdades, y educar para cambios institucionales que garanticen la identidad cultural y el protagonismo en una Democracia participativa, social, experimental y federal.
Tenemos que resolver las grandes deudas educativas históricas aún pendientes y enfrentar algunos problemas que no podemos eludir. Por nombrar algunos: redefinir qué escuela necesitamos y qué es una escuela; atender a los niños y jóvenes que no están escolarizados y problematizar la incapacidad para mantenerlos dentro del sistema; priorizar la labor de los docentes, su formación, salarios y condiciones de trabajo; asegurar la educación de calidad, donde quedan brechas que afectan particularmente a la población más vulnerable; garantizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la necesidad de políticas públicas más ambiciosas, integrales, de largo aliento que articulen múltiples oportunidades educativas, tanto formales como no formales; una inversión que asegure un sistema educativo que eduque a muchos más alumnos, durante más horas, durante más años, de manera más diversificada e igualitaria, por mencionar algunos ejes prioritarios.
Necesitamos un nuevo enfoque de la educación planteando objetivos que profundicen los progresos alcanzados en lo que va del nuevo siglo y se reconstruya lo abandonado o destruído. Que incorpore también las mejores tradiciones de la rica experiencia de la educación pública, popular y democrática desarrollada en la historia de la Argentina.
En tiempos en donde el discurso antidemocrático pareciera interpelar a una parte de la población, que no encuentra en las instituciones políticas una defensa de sus derechos, nos toca fortalecer la Democracia no solo en su dimensión representativa sino también social y económica.
Un país que dé oportunidades a todos por igual, brindándoles los mismos instrumentos iniciales para desarrollar sus potencialidades: educación, salud, conocimientos técnicos, principios, valores, conciencia nacional y comprensión del mundo contemporáneo.
1 Rivas, A. (2015). América Latina después de PISA: lecciones aprendidas de la educación en siete países 2000-2015. Fundación CIPPEC.