Formar ciudadanos críticos: un Legado, una Necesidad, un Desafío.
A 40 años de Democracia

Resumen

Una de las funciones asignadas a la educación, en el origen de los Sistemas Educativos Nacionales, fue la de formar a los sujetos que, actuando en el terreno de la ciudadanía, legitimaban los actos del poder político. En la Argentina, la formación de la ciudadanía atravesó por diferentes etapas de gobiernos civiles y golpes militares que dificultaron la consolidación de una mentalidad democrática. En los últimos años, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se sumaron también a esa tarea, pero con objetivos políticos diferentes. El surgimiento de tendencias políticas autoritarias pone en riesgo la continuidad de las democracias, si no se fortalece una formación política crítica y profundamente democrática.

Palabras clave: Educación, Democracia, Ciudadanía, Medios de comunicación, Autoritarismo.

Desde las primeras etapas fundacionales de los Estados nación, la formación cultural de los sujetos que van a legitimar con sus comportamientos el régimen político en germen, constituía una de las tareas necesarias para quienes ocupaban el poder político. La necesidad de instalar nuevas prácticas políticas al interior de las sociedades motivaba la búsqueda por establecer mecanismos de educación, para incorporar en la participación política a sectores pertenecientes a las mayorías sociales, sin los cuales la Democracia no tendría legitimidad. Primero a los hombres, y luego de muchas luchas, el reconocimiento del derecho de participación a las mujeres, aunque el problema que ofrecía a los grupos de poder la ampliación de la participación política era el riesgo de que la democracia griega se transformara en una “tiranía de las mayorías”. Por esa razón los filósofos de la época justificaban establecer una organización social no estamental por nacimiento, pero que reconociera y aceptara otras diferencias a las que consideraban naturales (capacidad, astucia o suerte).

El nuevo actor político en este nuevo escenario era reconocido como “ciudadano”, es decir, el individuo formado o educado para intervenir en las prácticas sociales que favorecieran la reproducción de la sociedad. Para esa tarea era necesario utilizar todos los mecanismos que contribuyeran a la formación de las mentalidades, requeridas por el nuevo orden social.

Como una necesidad de estos procesos, se conforman y desarrollan sistemas formales de educación nominados como “Sistemas Nacionales de Educación”, cuya tarea es la de educar en los nuevos valores a las nuevas generaciones.

Esa “educación de las masas” tenía y tiene diferentes objetivos. Los sectores progresistas y democráticos reconocen que una sociedad educada es garantía para la mejora en la convivencia. Los grupos conservadores son partidarios de una selección “natural” para que triunfen los “más aptos”, convocados a conducir la sociedad. Otro objetivo está vinculado a la formación política ya que son, en teoría, depositarios de una cuota de poder soberano que se ejerce a través del voto.

Un tercer objetivo se relaciona con la preparación para las actividades laborales. En el caso de sectores críticos al capitalismo, la formación para el trabajo debe establecer la vinculación necesaria entre teoría y práctica, para evitar la “alienación” y permitir una formación integral. Para los defensores del sistema, esta formación debe incorporar las lógicas vigentes en el mundo del trabajo y ofrecer conocimientos sobre habilidades prácticas y disciplinamiento de los comportamientos.

El sistema educativo en la Argentina tiene como antecedentes la creación de la Universidad de Buenos Aires en 1821, impulsada por Rivadavia, y el intento de desarrollo cultural en la Generación del 37: “...considerada como la primera que pudo concebir su lugar en la sociedad y en la cultura en términos modernos” (Arata, 2013, p. 91). Sin embargo, fue a finales de siglo en que se comenzó a conformar un sistema educativo.

Según destacan algunos autores, para lograr la estabilización social necesaria en todo proceso político: “Es una tarea prioritaria de los estados nacionales la incorporación de la población a un núcleo cultural común” (Giovine, 2008, p. 31). En ese sentido, el principal objetivo político que se planteaban los grupos de poder a finales del siglo XIX era resolver la consigna sarmientina de “civilización o barbarie”, poniendo énfasis en la incorporación de los valores de la primera (a imagen de la europea), a través de las actividades sociales y culturales para los inmigrantes y los criollos que debían ser reeducados para actuar en las nuevas condiciones sociales y de trabajo. La formación ciudadana poseía más un sentido de disciplinamiento social. El fraude y la manipulación de las elecciones eran la manera como gobernaban las clases dominantes.

¿Qué ciudadano era necesario formar, cómo y con qué objetivo? En el nivel primario se ponía énfasis en los ritos patrióticos, las verbalizaciones, la generación de sentimientos nacionales. Por ello: “La escuela primaria, además de la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo, debía proporcionar las bases para la sociabilidad y la convivencia a la luz de los principios de la Constitución” (Mignone, 2016, p. 177).

La creación del Colegio Nacional por parte de Bartolomé Mitre en 1863 estuvo concebida para educar a quienes con “el saber condensado, obren en la masa de la ignorancia y sostengan con armas mejor templadas, las posiciones desde las cuales se gobiernan a los pueblos” (ibid., p. 181). En esta institución se tenían que formar las clases dirigentes, inculcándoles los principios y valores afines con los intereses del poder social de pertenencia.

En las escuelas normales, de acuerdo a lo que sostiene Mignone, durante la primera mitad del siglo XX la existencia de materias de formación cívica no tenía continuidad, siendo además sus contenidos muy formales y abstractos.

En esa época, y paralelamente a la educación formal impulsada por el Gobierno, las asociaciones gremiales o populares también realizaban actividades de formación y educación, que en general eran contrarias al “régimen” liberal. Para ello utilizaban la herramienta a su alcance, que era la prensa. Estos sectores sociales entendían a la “ciudadanía” como una acción comprometida con la transformación de la sociedad: “Los trabajadores tenían que ‘ilustrarse’ para ser ‘libres’ y, para ello, había que concurrir a los locales sociales y a las bibliotecas obreras, que por otra parte, debían estar repletas de libros” (Lobato, 2009, p. 48).

Los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX mantuvieron la Educación Primaria como herramienta de adaptación al sistema social, y los colegios nacionales y escuelas normales, como formadoras de las clases dirigentes, tal como habían sido pensadas.

Los primeros gobiernos radicales (1916-1930) no realizaron cambios significativos en el área de formación ciudadana, pero en 1918 un movimiento de rebelión universitaria introdujo un nuevo modelo de universidad, en la que se lograba la participación de estudiantes y docentes en los gobiernos de las instituciones, libertad de cátedra, ingreso a la docencia por concurso, entre las conquistas más importantes.

El golpe cívico-militar de 1930 introdujo en los contenidos de la educación los valores de las corrientes espiritualistas de matriz religiosa, rechazando y combatiendo todo contenido positivista o materialista por considerarlos contrarios a los valores tradicionales. La Democracia entraba en esa calificación.

En el primer Gobierno de Juan Domingo Perón (1946) hubo un cambio en los contenidos de la educación, valorando el área sociopolítica, importante en función de los objetivos de transformación social que se proponía este movimiento, y que era contrario ideológicamente a los principios y valores del liberalismo. En el artículo 1º del Decreto nº 26.944/47 se establecía que “la enseñanza pública se propondrá formar al hombre argentino con plena conciencia de su linaje, auténtica visión de los grandes destinos de la nacionalidad y la ferviente voluntad histórica para servir a su patria y a la humanidad” (Mignone, 2016, p. 183).

La asignatura “Cultura Ciudadana” se incluyó en 1952 en los tres primeros años del nivel medio y fue anulada con el golpe de Estado de 1955, que la reemplazó por “Educación Democrática”, de fuerte sesgo antiperonista.

La proscripción del peronismo y las ideas conservadoras de los gobiernos que lo sucedieron influyó en el contenido de las materias de formación ciudadana, ahora de sesgo memorista, abstracto y desconectado de la realidad política existente. Mientras tanto, en el mundo, se generaliza el uso de una nueva herramienta tecnológica: la radio, convertida en vehículo de información, pero también de formación de comportamientos sociales, en la medida en que se hacen interpretaciones de los acontecimientos como noticias. Según Barbier & Bertho-Lavenir (2007):

En lo que se refiere a su contenido, la radio permite a los ciudadanos hacer la experiencia de dos modelos rivales o a veces asociados: el modelo comercial, que privilegia los juegos, la música y la diversión, y el modelo educativo, que valoriza las normas de la alta cultura (p. 249).

Este nuevo instrumento de difusión de ideas irrumpe en los hogares, logrando ocupar, paulatinamente, un lugar central en la vida cotidiana de la familia.

La utilización de los medios de comunicación para la formación política se produce de manera creciente y, a medida que se perfeccionan, surgen nuevas plataformas tecnológicas; su control se convierte en un valor estratégico para los grupos sociales dominantes.

Con el desarrollo de la televisión en la década de los 70, la presencia en los hogares es mayor. Los medios de comunicación abandonan el formato de “neutralidad e independencia” y comienzan a actuar como defensores de grupos económicos y de poder.

Sobre el final de la década de los 70, un nuevo Gobierno peronista asume el poder con Héctor José Cámpora, proponiendo un proyecto político de cambio social. En ese contexto, Mignone (2016) recupera como valiosa, por sus contenidos, la asignatura ERSA (Estudio de la Realidad Social Argentina), incorporada a los planes de estudio en 1974:

La decisión citada tendía a promover entre los estudiantes la aptitud para el análisis crítico de la sociedad, para la investigación, el diálogo y la creatividad, superando la mera asimilación de contenidos abstractos y de fórmulas hechas, como había ocurrido hasta el presente (p. 189).

El tiempo de vigencia del programa fue muy breve, aunque los temas incluidos representaban un cambio sustancial con las asignaturas del área.

La dictadura cívico-militar instaurada en 1976, portadora de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y de las teorías económicas neoliberales, se impone en el país con el objetivo de producir transformaciones que impidan que, en el futuro, puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas sociales de contenido popular o redistribucionista.

La profundidad de los cambios que se proponían realizar requería de la anulación de cualquier resistencia en sentido contrario. Por esa razón, la desaparición de personas se utilizó porque generaba efectos en varias dimensiones. Por un lado, se secuestraban dirigentes populares o del ámbito sindical, cultural, docente, lo que tenía fuerte impacto sobre las organizaciones sociales y sus relaciones personales. Por otro lado, se generaba un efecto psicológico colectivo, ya que la “desaparición” fue producto de un trabajo de elaboración de los ideólogos de la DSN para neutralizar cualquier protesta o resistencia, inculcando el temor a que las manifestaciones o reclamos pudieran afectar la situación de las personas detenidas. Los ámbitos educativos constituyeron una prioridad para la aplicación de las políticas represivas.

En las primeras definiciones de objetivos, la Junta Militar establecía para educación: “8.- Conformación de un sistema educativo, acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación, y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino”. En el punto 2 se dejaba en claro a qué cultura se referían: “La vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino” (La Opinión, 1976, p. 99, en Blaustein & Zubieta, 1998).

La asignatura ERSA fue inmediatamente reemplazada por “Formación Cívica” durante la gestión del ministro Ricardo Bruera y luego, “Formación Moral y Cívica” con Juan Llerena Amadeo: “El programa de Formación Moral y Cívica era, en realidad, un tratado de ética tomista con un fuerte acento tradicionalista y reaccionario, que los textos trataban de adaptar a la mentalidad de los adolescentes” (Mignone, 2016, p. 192).

La dictadura cívico-militar fragmentó la sociedad e inculcó comportamientos alejados de una convivencia respetuosa de las diferencias políticas. Las estrategias represivas agudizaron sentimientos individualistas y de desconfianza hacia los demás.

El daño sobre el tejido social fue muy profundo y en ese escenario asume en 1983 el presidente Ricardo Alfonsín, quien se propuso recuperar los valores democráticos y fortalecer a la ciudadanía mediante la participación.

Arata (2013) señala que:

Los principales ejes de la política educativa del gobierno se estructuraron en torno a tres líneas de acción: la normalización de la vida universitaria a partir de la recuperación de los principios reformistas; una política activa de alfabetización destinada a jóvenes y adultos y la convocatoria a un congreso pedagógico abierto donde la comunidad educativa debatiera los fundamentos centrales para la sanción de una nueva ley de educación (p. 263).

En el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1983, el electo presidente manifestó:

Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno (Gaggero y De Luca, 2018, p. 211).

Alfonsín era optimista con relación al poder de la Democracia. Por eso, en ese discurso de asunción agregó: “La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura” (Alfonsín, 1983, p.8).

Avanzando en ese objetivo, la asignatura “Formación Moral y Cívica” fue reemplazada por “Educación Cívica”. La preocupación por transformar la realidad a través de la educación hizo que se convocara a un Congreso Pedagógico Nacional, abierto a la participación de toda la sociedad y que serviría de base para una nueva ley de educación. Esta propuesta movilizó a gran parte de la sociedad y los grupos de poder, principalmente a la Iglesia católica, temerosa de que prime una postura laica.

Las conclusiones del Congreso no fueron la base para una ley de educación, pero algunas de sus recomendaciones las utilizó posteriormente el Gobierno de Carlos Menem para elaborar la Ley Federal de Educación.

El Gobierno de Alfonsín vivió momentos de fuerte tensión y los sectores de la economía de origen nacional y extranjero, que se habían beneficiado con el modelo económico instrumentado en la dictadura, buscaron debilitar al Gobierno. El “golpe de mercado” fue el instrumento utilizado y Alfonsín se vio obligado, luego de la derrota electoral de 1989, a adelantar la entrega del poder al representante del Partido Justicialista.

El Gobierno de Menem se distinguió por poner en ejecución un proyecto social alejado de los principios y valores del peronismo clásico, aplicando estrategias neoliberales. Esas orientaciones económicas, sociales y políticas requerían de un consenso social amplio y el cambio cultural (al igual que en la dictadura) fue considerado prioritario. Las privatizaciones de las empresas del Estado eran una exigencia del programa económico en ejecución, pero eso significaba atacar valores nacionales. Empresas como Gas del Estado, Agua y Energía, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), canales de televisión y ondas de radio, entre otras, fueron entregadas a capitales privados, muchos de ellos extranjeros.

Los cambios en los niveles educativos se orientaban en el mismo sentido que el resto de las políticas. El Gobierno, en la Ley Federal de Educación, establecía que tanto la educación que ofrece el Estado como la del sector privado debe ser considerada “educación pública”, concediendo un viejo anhelo de sectores religiosos y empresas educativas.

Las imágenes políticas que se difundían desde los estratos superiores del Gobierno, lejos estaban de una búsqueda del fortalecimiento de la Democracia. La “farandulización” de la política se mostraba como un modelo de formación “apolítica” en el que muchos de sus participantes provenían del deporte o el espectáculo, como “Palito” Ortega, Daniel Scioli, Carlos Reutemann...

Ese Gobierno recibió, en el área de Educación, muchos aportes económicos de organismos multilaterales (Banco Mundial, entre otros) para llevar adelante una reforma educativa. Para ello se desarrollaron cursos de formación docente, equipamiento informático, mejoras edilicias, y otras modificaciones. El nuevo lenguaje de la reforma utilizaba conceptos como eficiencia, competencia, globalización, nuevas tecnologías, gerenciamiento de instituciones educativas, descentralización, provincialización (Bianchetti, 2005) y municipalización del sistema, escuelas “chárter”, reformas curriculares (Ciclo Básico Común), meritocracia.

Al segundo Gobierno de Carlos Menem lo sucede el candidato de la Alianza (FREPASO) Fernando de la Rúa, que representaba a los sectores conservadores de la UCR. El nuevo Gobierno retoma la orientación de política económica de Carlos Menem, lo que genera fuertes resistencias en sectores sociales y sindicales. La renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez profundiza la crisis y debilita al Gobierno. La educación no es una prioridad y eso queda en evidencia en el recorte del presupuesto. El intento por arancelar las universidades produce una convulsión estudiantil que culmina con la renuncia del ministro de economía, Ricardo López Murphy.

El Gobierno estaba cada vez más debilitado y perdiendo el consenso, como consecuencia de las medidas económicas que afectaban a todos los sectores sociales, las que llevan a la renuncia del presidente en diciembre de 2001.

La profundidad de la crisis impide una transición política consensuada y se suceden, en menos de un año, siete presidentes provisionales; el último, Eduardo Duhalde, quien había convocado a nuevas elecciones, gobernó hasta diciembre de 2003, cuando asume Néstor Kirchner, candidato de un sector progresista del peronismo, quien comienza a ejecutar un Plan de Gobierno que rechaza las recetas económicas neoliberales y propone un desarrollo industrial nacional que permita la autosuficiencia tecnológica y económica. Según Lettieri (2013):

Encaró una propuesta ambiciosa, basada en la recuperación de la política y de la matriz productiva de la economía, la reasunción de las funciones sociales del Estado, el impulso de una política de compromiso en el área de derechos humanos y la reconciliación con la historia y el pasado nacional y latinoamericanista archivado por el neoliberalismo (p. 327).

En América Latina en los inicios del siglo XXI se producen convergencias ideológico-políticas entre Estados (Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela y otros) que intentan recuperar el histórico proyecto de la Patria Grande Latinoamericana.

Según Daniel Filmus, Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2007:

Durante buena parte de 2006, discutimos mucho cuál iba a ser el eje central de debate de la nueva ley de educación y, finalmente, acordamos que fuera “una educación de calidad para una sociedad más justa”, poniendo nuestra preocupación por la igualdad como asunto central (Filmus, 2008, p. 27).

Las tres principales leyes sancionadas durante ese Gobierno fueron: Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Técnica, Ley de Financiamiento Educativo, todas orientadas a ampliar la democratización del sistema de educación pública estatal. Estas leyes tuvieron un acompañamiento de otras políticas públicas que se propusieron recuperar la centralidad del Estado en la economía, educación, ciencia, cultura, situación que contribuyó a una mayor participación política de sectores juveniles. El compromiso ciudadano adquiere una nueva dinámica, que continúa con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante ese Gobierno se profundiza la convocatoria a la juventud para comprometerse en actividades sociales y políticas. La educación formal recibe un fuerte apoyo en todos los niveles, principalmente en la educación técnica, y se busca favorecer la retención a través de becas o la provisión de computadoras. Los sistemas educativos enfrentan un nuevo desafío que está dado por los avances tecnológicos de los medios de comunicación y las tecnologías informáticas.

Según señala María C. Menéndez (2009): “La relación entre representación política y ciudadanía ha comenzado a tener nuevas lecturas a la luz de los cambios e influencia de los medios de comunicación en la era de la información” (p. 123).

Estas nuevas condiciones comienzan a desplazar a la educación formal de su responsabilidad en la formación ciudadana.

Luego del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, asume la presidencia el empresario Mauricio Macri, quien se propuso restaurar el modelo económico-social neoliberal. La educación y la ciencia pasan a ser considerados gastos improductivos.

Como expresión local de una derecha política internacional, estos movimientos políticos rechazan el compromiso social y político fundado en ideas y convicciones ideológicas y promueven, como práctica ciudadana, un comportamiento regido por el interés individual. Los medios de comunicación más concentrados y ligados al poder se convierten en usinas propagadoras de “noticias falsas” y otras acciones destinadas a crear sentimientos de rechazo al compromiso político: “Es una sociedad sin ciudadanos, y en definitiva una “no sociedad”. En este contexto la democracia liberal según Manuel Castex, comienza a ser desplazada por la “mediocracia” (ibid., p. 125).

Conclusiones

La formación para el ejercicio de una ciudadanía, fundada en la comprensión de los procesos sociales y el compromiso por los intereses del colectivo social, ha sido una proclama y una búsqueda de quienes entendían a la Democracia, no como mero mecanismo de seleccionar gobiernos, sino como la herramienta que tienen las sociedades para poder definir el rumbo de su destino futuro.

Los golpes militares tuvieron como objetivo profundizar las críticas al poder político de la civilidad para poder justificar la necesidad del “orden social” que, supuestamente, ellos representaban. Todos esos golpes fueron cívico-militares y los componentes civiles pertenecían a los estratos más conservadores de la sociedad. El objetivo que buscaban era instalar, en el poder formal, a grupos sociales contrarios a la Democracia y socialmente conservadores.

Formar para el ejercicio democrático ciudadano no es tarea exclusiva de la educación formalizada. El poder en las sociedades actuales se basa en el desarrollo y control de la economía, pero también en la manipulación de las nuevas herramientas tecnológicas. Los medios de comunicación se han organizado en el mundo como conglomerados que controlan, generan, manipulan todas las informaciones que emergen de las sociedades.

En las primeras décadas del siglo XXI, son múltiples los desafíos que enfrentan las verdaderas democracias. Ampliar los espacios para el desarrollo de formas cooperativas de trabajo en todos los medios de comunicación puede ser una alternativa de democratización de las informaciones, para que contribuyan a la formación ciudadana. La sanción de leyes que impidan que los monopolios mediáticos difundan noticias falsas, agravios e insultos hacia dirigentes sociales es una necesidad para evitar que el germen autoritario vuelva a renacer, inclusive de la mano de quienes usan a la Democracia para combatirla.

La educación debe poner énfasis en las disciplinas que ayuden a comprender lo que sucede en las sociedades, sus causas y posibles consecuencias. La formación “política” debe ser prioridad si se pretende que en las sociedades actúen ciudadanos y ciudadanas con mentalidades críticas. Contenidos ofrecidos por la historia, sociología, antropología, ciencias políticas y sociales deben ser incorporados en los planes de estudio, principalmente en el nivel medio.

El avance de las ideologías antidemocráticas y autoritarias que se están manifestando en el mundo exige el fortalecimiento de una formación ciudadana crítica, orientada a la ampliación de la participación en todos los ámbitos en los que se toman las decisiones que inciden sobre la sociedad. Esa educación no puede quedar restringida solamente al ámbito de la educación formal, pero tampoco puede ser ignorada como se hizo en gran parte de nuestra historia contemporánea. Recuperar una formación cultural profundamente democrática es el legado, la necesidad y el desafío.

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