Educación de Jóvenes y Adultos en 40 años de Democracia.
Una mirada desde el presente

Resumen

A lo largo de los últimos 40 años de Democracia en Argentina, la Educación de Adultos ha experimentado cambios y variaciones significativas. Las políticas públicas y las iniciativas de la sociedad civil han sentado las bases de la modalidad actual, la cual ha sido reconocida como tal en la Ley n° 26.206 de 2006 y sus equivalentes provinciales.

El analfabetismo y, sobre todo, la finalización de los niveles educativos obligatorios representan desafíos complejos en términos de alcance e intervención, debido a las particularidades de los contextos sociales donde el factor cultural y las condiciones de vida desempeñan un papel preponderante. La inclusión de contenidos socialmente significativos se ha presentado como un indicador clave en términos pedagógicos y, por tanto, es imperativo incorporarlos en las iniciativas educativas de esta modalidad.

No obstante, la Educación de Adultos se ha visto influenciada por las dinámicas sociales. Las políticas neoliberales con énfasis pedagógico en los procesos individuales actuaron en detrimento de la construcción colectiva, la solidaridad y la democratización del conocimiento. A pesar de esto, la Educación de Adultos ha asumido distintos roles tales como reparadora, asistencialista, de resistencia o de mantenimiento, los cuales se han evidenciado especialmente durante los momentos de crisis.

En el ámbito de la educación no formal, se han llevado a cabo una serie de iniciativas vinculadas a las demandas de los sectores productivos, así como (y en un orden muy diferente) a las necesidades de los adultos mayores, permitiéndoles mantener actividades de socialización y de reorganización de su vida familiar.

En conclusión, la Educación de Adultos en Argentina ha enfrentado desafíos y ha reflejado tendencias generales a lo largo del tiempo. Sin embargo, se han implementado políticas públicas y se realizaron acciones provenientes de la sociedad civil orientadas a abordar las necesidades educativas de este sector. En este sentido, la Educación de Adultos continúa siendo un ámbito de gran importancia social para importantes sectores de la población joven y adulta, con beneficios específicos para el desarrollo social y la realización del derecho a la educación.

Palabras clave: Educación de Adultos, Políticas públicas educativas, Derecho a la educación, Democracia, Estado.

Las políticas públicas en la Educación de Jóvenes y Adultos

La Educación de Adultos durante los últimos 40 años de Democracia ha experimentado una serie de cambios y fluctuaciones, lo cual dificulta realizar afirmaciones definitivas sobre el grado de progresión o regresión de las políticas educativas destinadas al sector y sus resultados en este período. Si bien existen tendencias que indican una disminución de la demanda en la modalidad, en algunos momentos se pusieron en evidencia sus fortalezas sobre todo en las políticas implementadas entre 2003 y 2015, y especialmente a partir de la aplicación de la Ley n° 26.206 de Educación Nacional promulgada en 2006. Esta ley logra revertir aspectos problemáticos de políticas públicas educativas planteadas en la propia letra de la Ley Federal de Educación, como la transferencia de la responsabilidad en el sostenimiento de las instituciones educativas bajo jurisdicción nacional a las jurisdicciones sin suficiente financiamiento, la disolución de la Dirección Nacional de Educación de Adultos y la inscripción de la actual modalidad a “Regímenes Especiales” (Rodríguez, 2021, p. 333).

Para comprender mejor esta situación, resulta útil diferenciar entre dos esferas principales de acción en la Educación de Adultos: aquellas impulsadas por el Estado y las iniciativas provenientes de la sociedad civil, tal como lo hace Rodríguez en uno de sus últimos trabajos publicados (2021).

En el ámbito estatal, el hito fundamental fue el reconocimiento de la Educación de Adultos como modalidad educativa en la Ley n° 26.206, resultado de demandas planteadas tanto por sindicatos, especialmente la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), como por organizaciones no gubernamentales dedicadas a observar y a promover acciones en esta área y que expresaron una sostenida preocupación y rechazo a los efectos de la mencionada Ley Federal de Educación n° 24.195.

A partir de este punto de inflexión, se implementaron acciones a nivel nacional y provincial, plasmadas en normativas propias y acuerdos del Consejo Federal de Educación. Las concepciones subyacentes sentaron las bases para el diseño de políticas públicas que abordan no solo el analfabetismo, que se mantiene en niveles muy bajos en Argentina, sino también la ampliación de la tasa de escolarización en la población adulta. La obligatoriedad de la Educación Secundaria es una de las causas que impulsa una demanda para la Educación de Adultos, lo cual plantea una nueva serie de desafíos para las políticas públicas educativas, tanto en el plano nacional como en las jurisdicciones (Finnegan, 2016).1

La ampliación de este horizonte contaba con la experiencia de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) creados en la década de 1970, los que adoptaron un enfoque modernizador y reconocieron las características específicas de esta población, basándose en la intersectorialidad como fundamento. Asimismo, los principios surgidos de la educación popular en esos años fueron convergiendo durante todo el período democrático, en un imaginario democratizador que incorporó temáticas como los derechos humanos, la perspectiva de género, el cuidado del medio ambiente y, más recientemente, el uso de tecnologías. En este último aspecto propone, entre otras cuestiones, una formación ligada a las demandas de sectores productivos que requieren conocimientos sobre tecnologías comunicacionales e informacionales.

Las iniciativas de la sociedad civil

Respecto a las iniciativas de la sociedad civil, la Educación de Adultos ha experimentado cambios constantes para responder a las necesidades y dinámicas de las comunidades, así como a las desigualdades sociales. El aumento de la pobreza y el desempleo, fenómenos asociados a políticas neoliberales, se ha atribuido a la falta de capacidades para acceder al mercado laboral o a la supuesta “indolencia” de los sectores vulnerados. Esta es una de las falacias que dificultan reconocer los efectos perjudiciales de estas políticas sobre la población en general. La estrategia discursiva de negación y descalificación ha resultado eficaz para justificar políticas regresivas, para negar el reconocimiento de derechos y reducir la atención educativa brindada por el Estado a jóvenes y adultos.

En este contexto, organizaciones sociales de diversa índole, tanto ligadas a procesos productivos como comunitarias, impulsaron iniciativas educativas para mitigar los efectos de la exclusión social, abordando problemáticas relacionadas con la alimentación, el cuidado de la infancia, la salud reproductiva, la violencia de género y la capacitación en oficios, entre otros. La economía popular se constituyó en uno de los emergentes que procuró generar alternativas al modelo excluyente implantado por esas políticas, incluyendo actividades productivas que se desarrollaron en pequeñas y medianas empresas, las que fueron requiriendo capacitación especializada y específica para afrontar las problemáticas propias de la inserción en los circuitos de circulación de productos, en la comprensión de los gustos y consumos populares, en el sostenimiento de la producción, en la organización de iniciativas y en la formación de nuevas capacidades.

Sin embargo, a lo largo de los últimos 40 años de Democracia, la Educación de Adultos, al estar influenciada por las dinámicas sociales y las políticas públicas, no ha escapado a las tendencias generales de este corto plazo. El neoliberalismo y su impacto en los imaginarios colectivos, así como en las relaciones sociales, han enfatizado la competitividad individual y la iniciativa personal en detrimento de la construcción colectiva, la solidaridad y la democratización del conocimiento. En una sociedad que experimenta un declive en la movilidad social ascendente y que solo ha logrado una recuperación parcial después de la crisis de 2001 –estimable por su valor de épica social–, las aspiraciones populares por conquistar nuevos derechos se han visto disminuidas, generando un crecimiento de las desigualdades sociales. Sin embargo, la conquista de derechos cívicos y sociales se mantuvo constante y con mayor énfasis en los años poscrisis, por la intervención directa del Estado y de las políticas públicas.

La Educación de Adultos también refleja esta dinámica, adoptando roles reparadores, asistencialistas, de resistencia o de mantenimiento. Aunque pueden parecer insuficientes, estas respuestas han sido significativas durante crisis generalizadas y colapsos económicos, como los momentos de hiperinflación o los eventos de daño sobre el tejido social, como lo ocurrido en 2001. En estas circunstancias, la fortaleza de la Educación de Adultos, al igual que gran parte del sistema educativo, radica en su vínculo con la sociedad civil, donde el esfuerzo colectivo de los docentes y los miembros de las instituciones educativas ha permitido superar situaciones críticas y mejorar las condiciones humanitarias a través de estrategias educativas, encuentros con otros individuos y el reconocimiento de necesidades compartidas.

La educación no formal, en su ámbito comunitario y por la acción de organizaciones y movimientos sociales,2 ha abordado las temáticas ya mencionadas. Asimismo, ha surgido un sector emergente en las experiencias universitarias y de educación no formal, que se centra en las necesidades de los adultos mayores para mantener actividades de socialización después de su retiro laboral y la reorganización de su vida familiar tras el crecimiento de sus hijos y nietos, así como la ocasionada por las pérdidas de seres queridos.3

La educación a lo largo de la vida se ha convertido en un desafío para la creación de espacios educativos destinados a este sector, que demanda actividades no formales sobre temas de su interés. Sin embargo, el verdadero propósito muchas veces radica en el encuentro con los demás, revitalizando las relaciones a través de nuevas experiencias compartidas. No se debe subestimar la importancia social de esta atención a una amplia porción de la población, que ha tenido una trayectoria laboral consolidada y una vez finalizada busca nuevas oportunidades de desarrollo personal y establecer nuevos vínculos sociales.

Desafíos y puntos de desarrollo

En resumen, este breve recorrido del período nos permite realizar una evaluación prospectiva sobre la educación de jóvenes y adultos, en la cual existen coincidencias de los especialistas que realizan un seguimiento sistemático y estudios sobre el tema. Sin pretensión de establecer un orden de prioridades y sin ánimo de exhaustividad, compartimos esta enumeración:

1. La alfabetización como prioridad: Alcanzar una nación libre de analfabetismo es una meta constante y una aspiración continua de las políticas públicas. Sin embargo, alcanzar este objetivo implica adentrarse en una complejidad territorial y estratégica que requiere un apoyo decisivo del Estado. Es fundamental que este esfuerzo sea inclusivo para todos los habitantes de nuestro país incluyendo a los que provienen de otros territorios y culturas. La sensibilidad hacia estas diversas realidades es un elemento fundamental para abordar esta aspiración social.4

2. La terminalidad de la educación obligatoria de Nivel Primario y Secundario: Esta meta, establecida a lo largo de este período, abarca muchos de los aspectos mencionados anteriormente alrededor de la alfabetización, pero también incorpora elementos propios del sistema escolar formal. La adaptabilidad, la priorización de contenidos y la flexibilización de los regímenes académicos son algunas de las problemáticas pedagógicas que deben abordarse teniendo en cuenta y comprendiendo la situación particular de los jóvenes y adultos, considerando sus experiencias escolares previas, algunas de las cuales pueden estar marcadas por la frustración y la desmotivación, provocadas en varias ocasiones por desafortunadas intervenciones docentes.

   Para alcanzar este objetivo, es necesario contar con políticas estatales efectivas, como lo ha demostrado el Programa FinEs y también, adoptar un enfoque intersectorial que incluya aspectos comunitarios.5 Las nuevas modalidades de estudio implementadas a nivel jurisdiccional, como la educación a distancia o combinada que incorporan el uso de tecnologías de la comunicación, son propuestas que aprovechan las experiencias durante la pandemia COVID-19 para mantener la continuidad de los cursos. Además, otras modalidades educativas, como las desarrolladas en el ámbito rural basadas en la alternancia, también pueden aportar significativamente a la configuración de un conjunto de estrategias que requieren una presencia estatal decidida, tanto en su coordinación como en la identificación de poblaciones específicas y en la producción de materiales educativos para la modalidad (Finnegan, 2016).6

3. La atención educativa de adultos mayores: Como se mencionó anteriormente, se han desarrollado diversas experiencias para mantener un espacio dedicado a este sector, con la colaboración de otras instituciones sociales y comunitarias capaces de llevar a cabo actividades respaldadas por el apoyo del Estado y otras entidades públicas competentes. Estas iniciativas abarcan actividades artísticas y culturales, de esparcimiento e incluso el cuidado de la salud, con el propósito de proporcionar un entorno integral que promueva el bienestar de los adultos mayores.

4. La vinculación con el trabajo y la demanda de empleo: Esta problemática es la que se presenta como la más compleja por las nuevas competencias laborales requeridas, su dinámica de actualización de conocimientos y habilidades y por la dificultad para sostener un crecimiento progresivo del empleo formal y el consiguiente aumento de la informalidad laboral. Además, surgen nuevas actividades laborales debido al reconocimiento de trabajos no remunerados, como los relacionados con el cuidado, así como las que se originan a partir de nuevas necesidades sociales. Abordar esta problemática requiere una atención particular y requiere ser repensada en relación a la dinámica actual del desarrollo económico y de la producción de bienes. La formación en capacidades técnicas y profesionales orientadas exclusivamente a la dinámica del mercado resultan insuficientes en tanto se organizan exclusivamente en relación a la oferta y a la demanda laboral, lo que genera entre otros problemas, un desajuste entre el resultado de la formación y los requerimientos de los sectores productivos privados.7

   Por el contrario, es necesario fortalecer las políticas públicas de desarrollo productivo, tanto a nivel nacional como en las administraciones provinciales y municipales, así como en los ámbitos sectoriales donde lo vinculado al desarrollo científico-tecnológico se presenta con mayor dinamismo.8 Estas políticas también están vinculadas a la demanda de empleo en especialidades técnicas lo cual requiere una articulación con la educación de jóvenes y adultos.

   Una estrategia altamente efectiva para abordar esta problemática consiste en reconocer los saberes y conocimientos adquiridos a través de actividades informales o de la experiencia laboral y complementar con procedimientos de identificación, formalización, institucionalización, certificación y acreditación.9 En este sentido, la Educación Técnica Profesional (ETP) y la Formación Profesional (FP) pueden desempeñar un papel fundamental al generar trayectos formativos especializados de una manera dinámica y con una perspectiva intersectorial.10

5. La reconstrucción de la trama social: El deterioro de las condiciones de vida y el crecimiento de la pobreza estructural a lo largo del período, junto con la exclusión social, plantean un desafío que requiere una reversión a partir de políticas públicas que aborden tanto la recomposición de los ingresos como la asistencia social. La Asignación Universal por Hijo (AUH) ha demostrado que un enfoque universal, combinado con procedimientos asociados que requieran contraprestaciones, puede mejorar las condiciones de vida. La integración de estas políticas con la educación de jóvenes y adultos, abordando cualquiera de las problemáticas mencionadas anteriormente, puede contribuir a enfrentar los desafíos que se presentan como extremadamente complejos, en busca de acciones efectivas.

6. La formación en derechos y para el ejercicio de una ciudadanía plena: La formación ciudadana en regímenes democráticos resulta relevante en la medida que permite visualizar el lugar de la inclusión mediante el ejercicio y la demanda por los derechos ciudadanos y sociales. Se trata de uno de los aspectos de la formación política que no debe ser descuidado y en los sectores vulnerabilizados requieren de acciones educativas para su toma de conocimiento y para la formación de la conciencia personal. A su vez, la visualización de la acción colectiva como el elemento más eficaz para el sostenimiento de estas formas de actuación social es un factor insoslayable que requiere de planteos pedagógicos específicos. No se trata solo de una temática curricular más, sino que va mucho más allá ya que incorpora al tejido social y a la inclusión como escenario y tejido, en proceso de cambio y modificación permanente.

   La condición de joven y adulto hace que esta esfera de la educación sea aún más necesaria para el ejercicio de la ciudadanía plena. Las leyes que van en ese sentido, tanto en la incorporación de Tratados Internacionales11 como las que identifican áreas específicas del conocimiento –Educación Sexual Integral y Educación Ambiental Integral12– son los puntos de apoyo normativos para estas políticas pedagógicas y curriculares específicas, que deben formar parte tanto de los planes educativos de las instituciones escolares como de las acciones no formales e informales que tienen como destinataria a la sociedad en general, comprendida en sus alcances la educación de jóvenes y adultos.

7. Y finalmente la pedagogía y la formación educativa específica para abordar la educación de la modalidad: La formación docente orientada a la educación de la infancia o de la adolescencia no puede ser trasladada de manera mecánica al abordaje de la enseñanza dirigida a jóvenes y adultos.13 La falta de espacios curriculares formativos específicos para esta modalidad representa una deficiencia evidente. Sin embargo, esta carencia no es el único aspecto problemático, ya que también es determinante la falta de espacios que fomenten la socialización, sistematización y conceptualización de experiencias, aspectos cruciales para la producción de conocimientos pedagógicos contextualizados. Durante este período, se evidenció una debilidad en el enfoque de esta problemática que no se condice con la dinámica y las expectativas sociales. A pesar del compromiso de reconocidos especialistas, tanto a nivel nacional como latinoamericano que parten de una base testimonial, requiere de mayores esfuerzos para alcanzar mayores grados de agregación para su generalización, incluso de alcance local.

Conclusión

En síntesis, adentrarse en la problemática de esta modalidad, desde una mirada procesual e histórica, resulta una experiencia reveladora por la intensidad y por la capacidad efectiva de cambiar percepciones vitales. Esta coincidencia surgida de innumerables testimonios y de la observación de biografías es la piedra angular de su fortaleza y del compromiso que requiere, cimentada por el período de estos 40 años de vigencia de la Democracia en sus diversos momentos. Esto constituye uno de los aspectos relevantes para prestar la debida atención en el plano de las políticas públicas educativas. En efecto, los esfuerzos de esas políticas requieren un sostenimiento temporal a largo plazo y, por la dimensión de la problemática de la Educación de Jóvenes y Adultos que fue expuesta en la enumeración de más arriba, invita a un planteo de grandes alcances.

Se trata de consolidar la Democracia como resultado, en el sentido de ampliación de derechos y de la distribución de conocimientos socialmente relevantes, que en definitiva son patrimonio de toda la sociedad.

La atención pedagógica de la educación de jóvenes y adultos, con sus fluctuaciones, demostró un efecto de diseminación de beneficios sobre la sociedad en su conjunto y sobre la educación de niños y adolescentes.

La articulación y coordinación del Estado, como principal actor con organizaciones sociales y comunitarias y con los medios de comunicación en la realización de las políticas públicas para la modalidad, constituye un factor estratégico fundamental para alcanzar un mayor alcance y efectividad. Así, quedó demostrado en los momentos más valorables de este período y de allí surgen muchos de los puntos de partida abonados por su historia.

Como reflexión abierta, y en un ejercicio contrafáctico, podría concebirse en un sentido inverso la idea de “homologación” planteada más arriba. Los principios pedagógicos y curriculares más apropiados para la Educación de Adultos, pueden constituir un aporte para ser adoptados en la Educación Común y, de esta manera, enriquecer las propuestas y los diseños formativos para la escolarización de adolescentes y jóvenes.

Referencias Bibliográficas

Congreso de la Nación (2006, 14 de diciembre). Ley 26.206. Ley de Educación Nacional.
https://www.argentina.gob.ar/educacion/validez-titulos/glosario/ley26206

Finnegan, F. (2016). La educación secundaria de jóvenes y adultos en Argentina. Revista Encuentro de Saberes, 6, pp. 33-42.

Lorenzatti, M. (2006). Saberes y conocimiento acerca de la cultura escrita: un trabajo de maestros de jóvenes y adultos. Ferreyra Editor.

Ministerio de Educación de la Nación. DINIECE. (2010-2013). Investigaciones y estudios en torno a la Educación de Jóvenes y Adultos en Argentina. Estado del conocimiento. Serie de Informes de Investigación, 1-3, 8.

Montesinos, M.; Sinisi, L. & Schoo, S. (2010). Aportes para pensar la Educación de Jóvenes y Adultos en el nivel secundario. Un estudio desde la perspectiva de los sujetos. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. En Memoria Académica.
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5556/ev.5556.pdf

Puiggrós, A. et al. (2007). Cartas a los educadores del siglo XXI. Galerna.

Rodríguez, L. (2021). Educación de adultos/as: entre sueños revolucionarios y utopías de radicalización democrática. En A. Puiggrós (dir.), Avatares de la educación en el período democrático (1983-2015). Galerna.

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