Subsecretaría de Educación,
Dirección General de Cultura y Educación.
La defensa de la educación pública: un proyecto de transformación democrática y participativa
Esa es la transformación: tomar el sistema público desde el punto de vista de la profunda convicción de que hay que defender a la escuela para mejorarla. Encontrar qué es lo que falta y trabajar incansablemente en esa dirección”.
Axel Kicillof
Primer encuentro de jefas y jefes
regionales y distritales. Febrero de 2024
La tradición educativa
como responsabilidad del Estado
El proyecto político que las y los bonaerenses hemos elegido consolidar se sustenta en la construcción de una sociedad solidaria en la cual la educación es un derecho humano fundamental, personal y social. En contraposición a criterios de utilidad, rentabilidad y mercantilización, uno de los principales objetivos que tenemos como Gobierno de la Provincia, es garantizar el derecho a la educación gratuita, universal y de calidad desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior.
Estos preceptos que se consolidaron como marca identitaria de nuestro país, se revitalizan hoy en el 140° aniversario de la sanción de la Ley de Educación Común n° 1420. En el siglo xix, en un contexto de transformaciones económicas, políticas y culturales, nuestra sociedad puso en el centro del debate el lugar que debía tener la educación como una definición trascendental para consolidar un proyecto común. Fruto de esas discusiones, se sancionó una de las leyes más importantes de nuestra historia que establece que todas las personas, varones y mujeres, inmigrantes, nativas, de diferentes clases sociales, que habitan territorios rurales o urbanos deben formarse en la misma escuela, con igualdad de condiciones. En ese sentido, es necesario reconocer que la originalidad de esta Ley es la de dar uniformidad a un conjunto de leyes preexistentes en la mayoría de las provincias, y en este caso particular, la Ley n° 988 sancionada en 1875 en la provincia de Buenos Aires.
La Ley de Educación Común n° 1420 fue la piedra fundante del sistema educativo nacional cuyo siguiente gran paso fue la sanción de la Ley Láinez de 1905. En continuidad con esta tradición, y siguiendo los preceptos que establecen nuestras leyes educativas a nivel nacional y provincial de los años 2006 y 2007, reforzamos el papel rector que corresponde al Gobierno nacional al momento de coordinar políticas e inversiones que acompañan el funcionamiento de la educación a nivel jurisdiccional y fortalecen la integralidad del sistema educativo argentino.
En la actualidad, nuestro país se encuentra atravesando una época muy compleja caracterizada por el ajuste presupuestario y la ausencia del Estado nacional, que no asume las responsabilidades que la ley le confiere. En el plano educativo, ello se traduce en la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, del FONID, de los programas nacionales, el congelamiento del monto de las Becas Progresar, el desfinanciamiento de las instancias de formación de personas jóvenes y adultas (Plan FinEs), la subejecución del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional y del Plan Nacional de Primera Infancia, la suspensión de las obras edilicias que se encontraban en marcha, entre otros.
La adversidad que presenta el actual escenario social, obliga a reflexionar sobre las condiciones en las cuales se produce el hecho pedagógico. En este contexto, el trabajo de enseñanza que llevan a cabo nuestras y nuestros docentes se ve complejizado de modo tal que las escuelas -en tanto presencia del Estado en las comunidades- se vuelven receptoras de diferentes tipos de demandas sociales y necesidades personales de escucha, cuidado y atención. Nadie puede ser abandonado a su suerte por un Estado que se desentienda de su destino.
Sin embargo, esta tarea no puede ni debe realizarla la escuela en soledad, es necesario reconstruir un entramado social que ubique a la educación en el centro del proyecto de vida de las y los estudiantes y sus familias. La tarea es ardua y compleja, pero el compromiso de nuestra gestión de destinar todos los recursos necesarios para no dejar a nadie atrás, nos impulsa a generar nuevas ideas y responder al llamado de nuestro Gobernador: defender la educación pública, a través de su transformación.
Nos convoca en particular consolidar, con un Estado más eficaz, con más sistema educativo, con más comunidad, una escuela democrática y humanista, que ponga en el centro de la tarea de enseñanza el lazo solidario y la posibilidad de encontrarse con otras y otros a pensar, y un proyecto de futuro en el marco de una sociedad que mira el bien común.
En un contexto que invita permanentemente al desvínculo y a la resolución de la mera existencia en 140 caracteres, la escuela bonaerense no debe nunca olvidar que la educación es fundamentalmente vínculo y en muchos casos, el esfuerzo y la convicción para revincular a las y los estudiantes, y alumnas y alumnos con trayectorias fragmentadas o discontinuas.
Inicio de una nueva etapa
Los primeros cuatro años de gestión (2019-2023) se caracterizaron por las necesidades y urgencias que impuso la pandemia del COVID-19 y -al mismo tiempo- por un proceso de reconstrucción, luego de períodos de desinversión y abandono del sistema educativo. En tal sentido, defender la escuela pública exige afianzar, con decisión -y fortalecimiento del rol del Estado-, las profundas transformaciones que se consideren necesarias. Para ello, se requiere un diagnóstico, una instancia reflexiva que permita identificar qué debe modificarse y trabajar planificadamente para alcanzar estos objetivos. Es importante ser rigurosos en el análisis y en la comprensión de las diversas situaciones que caracterizan a nuestra provincia y trabajar con información precisa para elaborar políticas activas que busquen dar una respuesta a estos análisis.
El hecho educativo sucede en cada ciudad, en localidades grandes y pequeñas, en cada escuela, en cada aula y espacio de cada isla, en cada ámbito, en contextos de encierro, en cada centro socioeducativo, en los talleres de nuestras escuelas técnicas y agrarias, en cada sede de educación de personas jóvenes y adultas, en cada playón deportivo, en cada patio en el que se encuentran educadoras, educadores y estudiantes. Es allí donde debemos priorizar nuestra atención y también nuestra presencia, para asegurar que haya tiempo de enseñanza y aprendizaje. El derecho a la educación establecido por la Ley provincial n° 13.688 tiene que ser una realidad efectiva y tangible.
En nuestra provincia, el histórico interrogante acerca de cuándo empiezan las clases se transformó en una afirmación: las clases empiezan cuando tienen que empezar. Por quinto año consecutivo iniciamos el ciclo lectivo en tiempo y forma. En este sentido, procuramos dar respuesta al pedido concreto y genuino de las familias bonaerenses. Por eso, para los próximos cuatro años, hemos propuesto dos ejes rectores de la gestión: una política educativa que concentre todos sus recursos para mejorar la calidad de los aprendizajes con escuelas que estén siempre abiertas con las y los estudiantes estudiando y aprendiendo con otras y otros, junto a sus docentes.
Plan educativo estratégico:
balances y perspectivas
A partir de reconocer “más días de clases y la mejora sustantiva de los aprendizajes” como ejes de trabajo, se torna necesario elaborar una planificación que permita coordinar los esfuerzos de un sistema que involucra a más de 400 mil docentes, 80 mil auxiliares, 21 mil escuelas y 5.2 millones de estudiantes distribuidos en 137 distritos educativos. Para ello, durante el inicio de esta nueva etapa, hemos publicado dos escritos que pretenden otorgar unicidad e identidad al conjunto de acciones que se lleven a cabo en el marco de un proyecto político amplio y complejo.
El primer documento es el libro Educación Bonaerense, derecho al futuro, que constituye una radiografía de nuestro sistema educativo y procura dar cuenta de su particular historia y el marco legislativo que dio origen a la Dirección General de Cultura y Educación. En este sentido, permite reconocer el vínculo que existe entre las acciones de política educativa llevadas a cabo y la tradición pedagógica que identifica al sistema educativo de la Provincia. Este informe recupera los desafíos pendientes y remarca la importancia de asegurar un Estado presente, sabiendo que para que se produzca el hecho educativo, se deben garantizar las condiciones materiales y subjetivas en las cuales se desarrolla el aprendizaje y la continuidad pedagógica orientada a mejorar la calidad de lo que se aprende y se enseña en nuestras instituciones educativas.
El segundo escrito, elaborado a partir del trabajo colaborativo de las Direcciones que conforman la Subsecretaría de Educación, refiere a los “Lineamientos para la política educativa bonaerense 2023-2027”. Este documento ofrece un marco que permite reconocer prioridades para tomar decisiones y llevar a cabo las acciones que proponemos.
El primer lineamiento indica garantizar el ejercicio del derecho social a una educación pública de calidad desde el inicio de la escolarización hasta la finalización del nivel secundario. Eso nos conduce a trabajar para alcanzar la universalización del acceso al Nivel Inicial desde los tres años; la ampliación de las propuestas educativas de Nivel Primario con prioridad en las áreas de lectura, escritura y matemática; llevar adelante la actualización del Régimen Académico del Nivel Secundario, mientras se inicia el trabajo de actualización de los Diseños Curriculares y se abre el concurso de titularización de cargos jerárquicos; fortalecer el trabajo en los diferentes ámbitos y modalidades de los niveles obligatorios del sistema educativo; continuar desarrollando políticas socioeducativas; incorporar la perspectiva de discapacidad y profundizar las perspectivas de educación intercultural, de Educación Sexual Integral y de Educación Ambiental en todos los ámbitos, niveles y modalidades.
El segundo prescribe potenciar el gobierno educativo territorial e institucional para lograr que haya clases todos los días y más y mejores aprendizajes. Esto implica la capacitación de los equipos supervisivos en su rol pedagógico; la formación de los equipos Directivos, reforzando su rol de conducción educativa; la profundización del trabajo articulado entre escuelas y familias generando nuevas instancias participativas; el fortalecimiento de la capacidad técnico administrativa de los Consejos Escolares, de las Secretarías de Asuntos Docentes a nivel distrital y de los Tribunales de Clasificación y la articulación con otros organismos estatales.
El tercero plantea fortalecer la formación docente, y para ello, continuaremos con la elaboración de nuevos diseños curriculares para la Formación Docente Inicial; la diversificación de los formatos disponibles para cursar las distintas carreras; avanzaremos en la articulación entre el Nivel Superior y el Primario para promover y fortalecer proyectos de formación específica de futuras educadoras y educadores en alfabetización inicial del nivel; actualizaremos la agenda formativa, en atención a las necesidades y desafíos de la enseñanza en los escenarios sociales contemporáneos, fortaleciendo así el rol de los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIES).
El cuarto refiere a un aspecto prioritario para la Subsecretaría: profundizar la articulación entre educación, trabajo y producción. En este sentido, es importante llevar a cabo una propuesta planificada de ampliación y revisión del Nivel Secundario y -en particular- de la modalidad de Educación Técnico Profesional. Sumado a ello, en un contexto de avance de la cultura digital y de la inteligencia artificial, nos proponemos incorporar el plano tecnológico como eje de la formación secundaria. A su vez, seguiremos trabajando en la articulación con las empresas, sindicatos, organizaciones sociales, organismos gubernamentales y universidades nacionales y provinciales a fin de promover las prácticas profesionales. Para ello, el ámbito del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) se configura como un espacio destacado para el acuerdo de los actores en cada contexto y entorno territorial.
El quinto establece la continuidad del plan integral de mejora y mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento escolar. Es fundamental garantizar el trabajo coordinado con los Consejos Escolares y en acuerdo con los municipios. Realizaremos el censo de infraestructura escolar que permite identificar las intervenciones necesarias y desarrollaremos el Sistema Integral de Gestión de la Infraestructura Escolar, como insumo para viabilizar la continuidad de los días de clase. Al mismo tiempo, trabajaremos en la implementación de un protocolo de mantenimiento edilicio y refacción de las instituciones educativas. En materia tecnológica incrementaremos la provisión y adecuación de los insumos tecnológicos requeridos para el funcionamiento del sistema educativo bonaerense, consolidando la educación digital.
El último de los lineamientos propone consolidar el sistema integral de información y evaluación para la gestión educativa. Continuaremos con el trabajo de recolección y sistematización de información confiable, el fortalecimiento de gestión educativa (matriculación, procesos de inscripción, asignación de vacantes, injerencia en los programas socioeducativos en la revinculación de estudiantes con la escuela, entre otros) como herramienta para la toma de decisiones que permitan mejorar la enseñanza y las condiciones de aprendizaje y los dispositivos de evaluación del sistema que permitan identificar aspectos para mejorar las propuestas de enseñanza. Buscaremos ampliar el funcionamiento de las plataformas digitales para favorecer la comunicación. Por último, nos proponemos fortalecer el sistema de gestión administrativa y de recursos humanos.
Ambos documentos nos permiten consolidar un camino que debe volverse tangible en la experiencia cotidiana de nuestras y nuestros estudiantes y sus familias, docentes, directoras y directores, auxiliares, supervisoras y supervisores. Contamos con una orientación clara, definida en conjunto, para reconocer prioridades en función de un horizonte común pero también de una tradición que caracteriza el sistema educativo de nuestra provincia.
La potencia de un gobierno
educativo compartido: actores,
territorio y gobernanza
La gestión del sistema educativo bonaerense tiene una particularidad dada la heterogeneidad y complejidad que representa el territorio de la Provincia. Ello implica reconocer no solo su amplitud geográfica sino principalmente su entramado social, económico, productivo y cultural al momento de planificar las estrategias de intervención, en materia educativa. Esta condición resulta un desafío que exige gestionar las políticas de Estado bajo una mirada que reconozca lo particular en lo general, sin olvidar que el todo es más que la suma de sus partes: la inmensa riqueza de la tierra y del pueblo bonaerense.
Esta propuesta de gobierno asume la necesidad de promover el diálogo y las acciones conjuntas entre las Subsecretarías que componen la Dirección General de Cultura y Educación y las otras instancias del Gobierno provincial, a fin de establecer responsabilidades particulares y compartidas, a nivel regional, distrital e institucional.
Para alcanzar estos objetivos, nuestro primer esfuerzo está centrado en trabajar la democratización de los vínculos y establecer con claridad las tareas, normas y acuerdos entre las partes. La cooperación y la confianza mutua resultan notas identitarias para ordenar las relaciones de autoridad al interior del sistema educativo y de cada escuela. Ello, a la vez, permite fortalecer las articulaciones con organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y otros actores comunitarios que contribuyen a la mejora de la práctica educativa.
Siguiendo está línea, implementamos una forma de trabajo más horizontal con una apertura al diálogo y al intercambio. Esta modalidad implica repensar las relaciones de autoridad en tanto parte de una construcción compartida. Es importante identificar y asumir el lugar que cada una y cada uno desempeña en la toma de decisiones político-pedagógicas necesarias para alcanzar nuestro horizonte común y construir consensos buscando explicaciones conjuntas y permanentes: ¿Qué enseñamos?, ¿por qué enseñamos?, ¿para qué lo hacemos? y ¿cómo lo hacemos?
En tal sentido, es clave fortalecer la corresponsabilidad educativa. Ello implica que cada uno de los actores que componen el sistema, conduzca la implementación de la política educativa en el espacio sobre el cual debe planificar sus intervenciones. En este marco, la evaluación de los procesos y los aprendizajes para la mejora, son fundamentales.
Desde la Subsecretaría de Educación, ponemos especial atención en identificar el modo en que se hace efectivo el derecho a la educación en cada uno de los pueblos, parajes, ciudades y contextos de nuestra provincia. Para ello trabajamos junto a las Jefaturas regionales y distritales, los Consejos Escolares y los gobiernos municipales, reconociendo la importancia de acompañar y fortalecer sus intervenciones institucionales y pedagógicas en el territorio. Nuestros mayores esfuerzos apuntan a sostener una escucha atenta y reflexiva con las y los docentes, directoras y directores y otros actores institucionales que tienen la tarea de enseñar y promover mayores aprendizajes en las y los estudiantes bonaerenses. A su vez, resulta fundamental el rol que desempeñan las cooperadoras escolares, los centros de estudiantes y los centros socioeducativos que motorizan proyectos comunitarios y fortalecen la tarea educativa de las instituciones escolares.
Finalmente, es necesario ampliar las instancias participativas que incluyan a las familias, así como también a otras organizaciones sociales y comunitarias, para crear vínculos de confianza con la escuela.
Reforzamos la convicción de nuestro Gobernador cuando señala que no se puede imponer un proceso de transformación, porque todo proyecto que no cuente con la participación del conjunto, y tome sus decisiones de manera unilateral, no podrá tener un destino de prosperidad. Buscamos seguir consolidando una tradición colectiva, solidaria, que convoque a todas y todos y confíe en la reciprocidad. Es importante escuchar a quienes piensan distinto, a quienes piensan parecido, a las y los estudiantes, docentes, directoras y directores, inspectoras y supervisores, a las familias y a la comunidad y sus organizaciones.
Para llevar adelante la transformación que nos proponemos, no sólo es necesario compartir un destino común de desarrollo, defensa y ampliación de derechos, sino además asegurar canales legítimos de participación democrática que permitan la adhesión al proyecto que asumió nuestra gestión con el pueblo bonaerense.
Hacia un horizonte de transformación
La Ley n° 1420 –junto a la Ley Láinez– inaugura el debate educativo del siglo XX, en tanto hito histórico que establece el acceso a la educación como derecho para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, y como tarea de la cosa pública y del Estado. Esta conceptualización abre nuevas reflexiones respecto de la importancia que ello tiene para la consolidación de la nación y, por ende, del rol que deben tener las distintas instancias de gobierno para garantizar el ejercicio del derecho en todo el territorio argentino. Si bien este desafío pareciera ser parte del contexto histórico fundante de la Ley, las consecuencias de las políticas de ajuste del actual Gobierno nacional atentan contra esta tradición educativa que caracteriza a nuestro país y que le valió el reconocimiento no sólo en la región, sino también en otros continentes.
En contraste con un Gobierno nacional que deserta de las obligaciones establecidas por la Constitución Nacional y de acuerdo con el mandato que nos ha encomendado el pueblo bonaerense en las urnas, asumimos la tarea de defender la educación pública, transformándola, mejorando su calidad y haciéndola más eficaz para contribuir a la construcción de un país con más igualdad, más solidaridad y más justicia social.
Asimismo, hacer del derecho a la educación un hecho pedagógico común y universal, necesariamente conlleva el ejercicio de una gobernabilidad compartida que merece y necesita recursos, información, debate y una arquitectura territorial que garantice su alcance. Por ello, y recuperando lo señalado anteriormente, estamos convencidos de que la provincia de Buenos Aires debe gestionar las políticas educativas en todo su territorio, recuperando a la totalidad de los actores que componen el sistema educativo a partir de democratizar los vínculos, asegurar una forma de trabajo más horizontal con una apertura al diálogo y al intercambio, y fortaleciendo la corresponsabilidad educativa.
Si bien reconocemos el trabajo realizado e identificamos los logros alcanzados en estos años, también es necesario dejar a un lado cualquier instancia que pueda conducirnos a la autocomplacencia. En este sentido, los objetivos que nos proponemos están siempre corriéndose un poco más allá de lo que proyectamos, lo que nos exige estar en movimiento, identificar nuevas necesidades, oportunidades y desafíos.
Se ha intentado instalar la idea de que “todo está mal” como excusa, muchas veces, para después no hacer. En otras ocasiones este enunciado es enarbolado por sectores que, deliberadamente, desfinancian y debilitan permanentemente a la educación pública. Por ello sostenemos que tal vez sea un tiempo propicio para pensar, escuchar, conversar y debatir pero especialmente tenemos el deber de hacer que las transformaciones efectivamente ocurran. Nos referimos a modificaciones desde el propio sistema educativo, más profundas, en sus efectos duraderos, que no revelan los resultados de manera inmediata. Es un proceso y, más precisamente, es una construcción.
Esperamos de estos cuatro años una política territorial concreta y posicionarnos como el sistema educativo que queremos ser. La pandemia de COVID-19 nos enseñó que hay cuestiones que sólo las educadoras y los educadores saben hacer: lo irreemplazable de la tarea educativa.
Cuando una familia lleva a su hija o hijo a la escuela, confía en que lo deja en el lugar del conocimiento, el cuidado y el respeto. Esa escuela tiene el deber ético de hacer todo lo que esté a su alcance para responder a estas expectativas, actualizándose, innovando y creando nuevas oportunidades. Las escuelas siguen siendo esos espacios privilegiados de encuentro con otras y otros para pensar, aprender, conocer y crecer. Por ello, tenemos que trabajar todos los días para que en las escuelas bonaerenses ocurran aprendizajes significativos. Continuaremos llevando a cabo la transformación del sistema educativo buscando la inclusión con calidad pedagógica para la totalidad de las y los bonaerenses, que es la mejor forma de defenderlo.