Contraofensiva neoconservadora de extrema derecha, antifeminismo y educación pública en la Argentina de Milei: retrocesos y riesgos democráticos

Resumen

El triunfo electoral en Argentina de la fórmula Javier Milei-Victoria Villaruel (La Libertad Avanza) en la segunda vuelta en octubre de 2023 marca el ascenso al poder de una extrema derecha sin precedentes en el país, emparentada con otras nuevas/viejas derechas a nivel local, regional y global. A partir de entonces, el nuevo gobierno puso en marcha con ritmo acelerado las primeras medidas de un plan económico de corte neoliberal, con ajuste fiscal, devaluación y fuerte reducción del gasto público, sostenido, por un lado, en la demonización y deslegitimación del Estado como agente de desarrollo social y económico, y por otro, en medidas represivas y autoritarias reñidas con el orden constitucional y con la democracia. Al igual que en otras fuerzas políticas neoconservadoras –dentro y fuera de la región–, el antifeminismo y la oposición a las instituciones y políticas de igualdad de género y de diversidad sexual impulsadas en las últimas décadas, son un eje sustentador del proyecto político. En las líneas que siguen se comparten algunas reflexiones preliminares en torno de medidas adoptadas por el nuevo gobierno en los primeros seis meses de gestión en particular en relacion con el enfoque de género como perspectiva conceptual, política y metodológica que busca comprender, identificar y cuestionar las relaciones sociales de poder sostenidas en base a las diferencias sexo-genéricas, para transformarlas. Se advierte un cambio de paradigma y de marco cognitivo en la direccionalidad de las decisiones e intervenciones del gobierno estrechamente ligadas, en un sentido amplio, a la ausencia de un enfoque de derechos humanos y de interseccionalidad. Este giro expresa una contraofensiva, una arremetida, en respuesta a las demandas, luchas, propuestas y conquistas de los movimientos feministas y de los colectivos LGBTTIQ+,1 orientada al retroceso de los acuerdos democráticos que incluyen a la educación pública como elemento fundamental en la construcción de una ciudadanía plural e inclusiva.

Palabras clave

Extrema derecha, Antifeminismo, Educación pública, Argentina, Democracia.

Introducción

El negacionismo del genocidio de Estado por parte de funcionarias y funcionarios del actual gobierno alerta sobre el desconocimiento de la política de derechos humanos vigente y el largo camino recorrido por la sociedad argentina de condena a la última dictadura cívico militar, al terrorismo de Estado y a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la misma. Los ataques directos al sistema de educación pública, universal, laica, gratuita, y en particular, a las universidades nacionales, mediante el desfinanciamiento de las mismas, enuncian también de modo inequívoco el cambio de rumbo del gobierno acerca del rol del Estado, la definición de los asuntos públicos y la ausencia/presencia en su intervención.

Al igual que en otras fuerzas políticas neoconservadoras –dentro y fuera de la región–, el antifeminismo y la oposición a las instituciones y políticas de igualdad de género y diversidad sexual, y a los derechos conquistados por las mujeres y personas LGBTTIQ+ en las últimas décadas, son un eje sustentador del proyecto político. En las líneas que siguen se propone una revisión preliminar de algunas medidas adoptadas por el nuevo gobierno en los primeros seis meses de gestión en relación con el enfoque de género como perspectiva conceptual, política y metodológica que busca comprender, identificar y cuestionar las relaciones sociales de poder sostenidas en base a las diferencias sexo-genéricas, para transformarlas.

Avances y retrocesos

En los últimos cuarenta años –desde el retorno a la democracia–, se produjo en Argentina un notable avance en materia de derechos humanos, y en particular en la ampliación, el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres y de personas de otras identidades sexo-genéricas. Este progreso, con claroscuros y deudas pendientes, tiene detrás procesos sociopolíticos de construcción de nuevos problemas públicos que atravesaron tiempos de debate en el espacio público -algunos más largos y difíciles que otros-, acuerdos, legitimaciones e institucionalizaciones, resultados de las luchas impulsadas de manera sostenida por los movimientos feministas, de mujeres y de los colectivos LGBTTIQ+ y de su inclusión -según los tiempos políticos- en las agendas de gobierno.

Entre 1985 y 2020 se produjeron reformas legales que dieron lugar a políticas y mecanismos de reconocimiento y ampliación de derechos con el objetivo de intervenir explícitamente desde el Estado en las condiciones de vida de las niñeces, las y los adolescentes, las mujeres y personas LGBTTIQ+ para mejorarlas, ampliar derechos y eliminar las desigualdades, jerarquías y asimetrías en las relaciones de género. La legitimación de las desigualdades de género en sus diferentes dimensiones como problema público ha estado anclada en la necesidad de derribar los múltiples factores que se entrecruzan y obstaculizan la construcción de relaciones de género igualitarias, inclusivas y plurales como condición de posibilidad del desarrollo de sociedades democráticas fuertes. Cabe recordar que en la región los gobiernos reconocieron cuatro nudos estructurales constitutivos de las relaciones desiguales de poder en América Latina y el Caribe que es preciso superar e intervenir: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.2

La Agenda Regional de Género ha sido el resultado de la voluntad política y del trabajo articulado de los Estados miembros, de la contribución activa de los movimientos feministas, de mujeres y de los colectivos LGBTTIQ+ y del apoyo del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La misma se refuerza, se articula y se complementa con las obligaciones asumidas por los Estados con la ratificación de la CEDAW (1979)3,4 y su protocolo facultativo, entre otras convenciones. Esta agenda compromete a los gobiernos y es deber de debida diligencia cumplir con ella en todos los ámbitos. La CEDAW y la Agenda Regional de género forman parte del marco general de referencia de todo el proceso de construcción colectiva en Argentina y en la región en la materia.

Frente al embate neoconservador, la negación del valor de la memoria y de la trama colectiva, la apelación a la genealogía es oportuna en la disputa política más general acerca del modelo de organización social para el futuro en Argentina. Sin ánimo de exhaustividad, cabe recordar aquí algunos hitos fundamentales de los avances normativos a nivel nacional desde el retorno democrático que dan cuenta de esos nuevos marcos de sentido culturales en torno de la igualdad, la diversidad, la inclusión y el principio de no discriminación, en particular en relacion con la autonomía física, la identidad de género y la orientación sexual.

Argentina suscribió el primer instrumento a nivel mundial específico de protección de los derechos humanos de las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y le otorgó jerarquía constitucional en la reforma de la Carta Magna en 1994, así como también el primer tratado que aborda con especificidad el tema de las violencias por motivos de género: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). También atribuye al Congreso nacional la facultad de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por ella y por los Tratados Internacionales (art. 75, inc. 23).

En 1985, a través de la Ley n° 23.264, se establece la patria potestad compartida entre el padre y la madre en relación con las hijas y los hijos menores de edad. Y, también, se elimina toda distinción ante la Ley en la filiación, estableciendo la igualdad de los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio. En 2006 se sancionó la Ley n° 26.510 de Educación Sexual Integral que establece el derecho de todas las educandas y todos los educandos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. La Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina es un enfoque educativo que busca proporcionar a los estudiantes conocimientos, actitudes y habilidades relacionados con la sexualidad de manera integral, es decir, abordando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Los principales objetivos de la ESI en Argentina son:

Promover la salud sexual y reproductiva: proporcionar información para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva;
Fomentar el respeto por la diversidad: educar en la igualdad de género y en el respeto por la diversidad sexual y de género;
Prevenir la violencia de género: sensibilizar y educar para la prevención de la violencia de género y el abuso sexual;
Desarrollar habilidades para la vida: ayudar a las y los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y autocuidado.

En 2009 se sanciona la Ley n° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En materia de reconocimiento de derechos de LGBTIQ+, Argentina es pionera al sancionar en 2010 la Ley n° 26.618 de Matrimonio Igualitario y en 2012 la Ley n° 26.743 de Identidad de Género, que reconoce la identidad de género auto percibida de cada persona y su derecho a un trato digno, independientemente del sexo asignado al nacer y de sus registros identificatorios. Asimismo, el Decreto n° 721/2020 (PEN) de Cupo Laboral Travesti-Trans establece para el Estado la obligatoriedad de asignar un cupo mínimo del 1% del personal para personas travestis, transexuales y transgénero con condiciones de idoneidad para el cargo, y el Decreto n° 0015/2020 (HSNA) de implementación del Cupo Laboral Travesti-Trans en el Honorable Senado de la Nación. La Ley n° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, del 2017, constituyó otro avance para lograr reducir las brechas que sostienen las desigualdades por motivos de género.

En 2017, se lanza el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Esta política pública tenía por objetivo prevenir los embarazos no intencionales que afectan principalmente a niñas y adolescentes a través de garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, accediendo a la educación sexual integral y brindando asesorías y consejería en salud sexual y reproductiva en los establecimientos educativos. Se trató de una iniciativa que articulaba diferentes ministerios como el de Salud, Educación y Desarrollo Social.

En 2018, la Ley n° 27.499 –conocida como Ley Micaela– establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencias por motivos de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Finalmente, la Ley n° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo se sancionó en Argentina en 2020 y se promulgó en 2021, momento a partir del cual entró en vigencia en todo el país como una norma de orden público. A partir de entonces, se puso en marcha en Argentina la política pública que regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazos y causales. Se reconoce, el derecho de mujeres, adolescentes y de todas las personas con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce –inclusive– del proceso gestacional (IVE), y se garantiza el acceso universal y gratuito a las prestaciones necesarias. También se reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), si el embarazo fuere resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

En materia de institucionalidad de género, se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (en adelante, MMGYD) mediante el Decreto n° 7/2019, que amplía las incumbencias y reemplaza al Instituto Nacional de las Mujeres. Entre sus principales objetivos, se propone abordar los hechos de violencia y femicidio, las discriminaciones que sufren las personas LGBTTIQ+, promover la participación política de las mujeres y las diversidades, visibilizar las tareas del trabajo de cuidado, y la promoción de otras políticas para la reducción de brechas de género en el país.

Esta revisión sumaria revela la existencia de un amplio marco jurídico en materia de igualdad de género y diversidad sexual, que junto con los procesos de jerarquización de institucionalidades de género a nivel nacional y subnacional y local dan cuenta de la construcción colectiva de un horizonte ético, político y normativo en la materia en Argentina en respuesta a varias de las demandas de los feminismos en las últimas décadas, de la cual la educación pública es un pilar fundamental y que colocó al país como una referencia en la región y en el mundo.

En el marco de los múltiples debates públicos transitados en Argentina, desde hace más de dos décadas diversos actores conservadores han ido desplegando varias estrategias en el marco de esta contraofensiva antifeminista en respuesta a las demandas, propuestas, luchas y conquistas de los movimientos feministas. Estas intervenciones reconocen un contexto transnacional más amplio, que comienza a mediados de los años noventa con participación muy heterogénea de actores laicos y religiosos, sostenida en un fuerte cuestionamiento de la noción de género, y en el desarrollo de la “ideología de género” como marco semántico que funciona como significante vacío que puede adaptarse a múltiples demandas y cuestionamientos en relación con los derechos sexuales y reproductivos, los modelos de familias, la matriz binaria cis heteronormativa, entre otras, que vendrían a desafiar la existencia de un orden natural que debería regir a las sociedades (Correa, 2018; Gutiérrez, 2018). Durante la última campaña electoral, la defensa de visiones conservadoras, reaccionarias y patriarcales del orden social fue un pilar de las estrategias de comunicación política y de las propuestas de la LLA, de deslegitimación de la agenda feminista, en general, y en particular, contra el derecho al aborto y la educación sexual integral.

En los primeros seis meses de gestión, el gobierno de Milei en Argentina ha desplegado intervenciones y medidas que expresan de modo concreto y específico esta contraofensiva neoconservadora que implica, en algunos casos, obturar la posibilidad de continuar avanzando, y en otros, el retroceso en derechos conquistados. En forma preliminar, puede decirse que las mismas abarcan tanto estrategias de deslegitimación discursivas como decisiones institucionales en relación a las normas y políticas públicas aprobadas. En relación con las primeras, y en consonancia con las consignas de la campaña presidencial, reiteradas intervenciones tanto del actual presidente como de funcionarias y funcionarios, y legisladoras y legisladores dan cuenta del combate a pilares fundamentales de la agenda feminista en los últimos cuarenta años de democracia.

En el plano de la retórica, los mensajes e intervenciones se multiplican y superponen sin eufemismos y en diferentes escalas, desde la prohibición de “la perspectiva de género en toda la administración pública nacional” –por parte del vocero presidencial–, la negación del presidente en varias intervenciones públicas –dentro y fuera del país– de las desigualdades de género, de las brechas salariales de género, de la violencia de género como problema público y la alusión a “la agenda sangrienta del aborto”; los mensajes de odio machistas, misóginos, lesbodiantes y transfóbicos, pasando por el cuestionamiento del divorcio, del matrimonio civil igualitario, la educación sexual integral y el aborto legal, seguro y gratuito, entre tantas otras. En relación con el uso del lenguaje inclusivo, la Resolución n° 160/2024 del Ministerio de Defensa/APN en el Artículo 3 establece expresamente la prohibición de su uso en el ámbito del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de los organismos descentralizados.

En el plano institucional, en el marco de la reducción/simplificación/eliminación del Estado y del ajuste fiscal, se produjo en una rápida secuencia el desmantelamiento del ex MMGyD de la Nación y su desjerarquización como Subsecretaría de Protección contra la violencia de género (primero en la órbita del Ministerio de Capital Humano y luego del Ministerio de Justicia de la Nación), y finalmente su supresión. Esto se suma a la eliminación de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y en los dispositivos institucionales construidos anteriormente, el desfinanciamiento de las acciones para promover los derechos humanos de niñas y mujeres y las políticas destinadas a la protección de las víctimas. En otras palabras, los programas orientados a la ayuda por parte del Estado a mujeres y personas LGBTTIQ+ víctimas de violencia de género fueron eliminados y desfinanciados. En línea con estas decisiones, el desmantelamiento por parte del Gobierno nacional del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) implica la interrupción de las asesorías y consejerías en salud sexual y reproductiva y, en consecuencia, un retroceso en el acceso a la salud de la población adolescente, con mayor riesgo de embarazo, de infecciones de transmisión sexual y de interrupciones clandestinas. En el ámbito legislativo, se produjo la presentación por parte de un grupo de diputadas y diputados de LLA de un proyecto para derogar la Ley n° 27.610 que proponía modificar el Código Penal en relación a los abortos legales, existente desde 1921 y cuyo tratamiento no avanzó en la Cámara. La iniciativa apuntaba a aquellas personas que enfrenten un embarazo forzado por abuso sexual no puedan acceder a una interrupción legal. Asimismo, el proyecto aumentaba las penas de prisión para quienes se sometan a un aborto voluntario (y para quienes lo realicen) y derogaba las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculicen las prácticas.

Para seguir reflexionando

En el contexto analizado en las líneas precedentes, las intervenciones públicas y las medidas adoptadas desde el gobierno de la La Libertad Avanza en los primeros seis meses de ejercicio del poder político a cargo del Estado argentino, en relación con las desigualdades de género, evidencian un cambio en los marcos de interpretación del mundo de los actores públicos. Este cambio de paradigma y de marco cognitivo desconoce y disputa políticamente marcos de sentido –perfectibles y con deudas pendientes– orientados por el enfoque de género y de derechos humanos construidos colectivamente y a lo largo de las últimas décadas en torno de los modos de pensar los sujetos sociales, y las necesidades y demandas a partir de las jerarquías, exclusiones y asimetrías en las relaciones sociales sostenidas en las diferencias sexo-genéricas.

Este cambio de paradigma expresa un sistema de creencias que guían la conducta pública y se sustenta en la deslegitimación del Estado, su retiro, su ausencia, la reducción de sus funciones, y el desconocimiento tanto de las obligaciones contraídas como de los procesos socio-políticos colectivos de construcción democrática transitados hasta el momento. El desmantelamiento de las instituciones y políticas públicas de género desconoce la necesidad y obligación por parte el Estado de intervenir en las condiciones de discriminación, de dependencia, de subordinación, de exclusión, que atraviesan las mujeres y personas LGBTTIQ+.

La embestida “anti género” y la lucha contra la “ideología de género” expresadas como contraofensiva en respuesta a las demandas, luchas, propuestas y conquistas de los movimientos feministas y de los colectivos LGBTTIQ+, amenaza y pone en riesgo la convivencia democrática de la sociedad en su conjunto y supone nuevos desafíos para el sistema educativo.

Fuentes

CEDAW. (1989). Recomendación general nº 12.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/5831

CEDAW. (1992). Recomendación general nº 19.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/3731

CEDAW. (2017). Recomendación general nº 35.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35

ONU. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf

Referencias bibliográficas

Correa, S. (2018). A “política do gênero”: um comentário genealógico. Cadernos Pagu, (53), e185301.

Gutiérrez, M. A. (2018). Significante vacío: ideología de género, conceptualizaciones y estrategias. Entrevista con Sonia Correa. Observatorio Latinoamericano y Caribeño, 1(2), 106-113. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/3191/2835

1 La sigla LGBTTIQ+ representa a distintas identidades y expresiones de género y orientaciones sexuales. Está compuesta por las iniciales de las palabras Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual, Queer y otras identidades no incluidas en las anteriores.
2 Esto se consigna en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. Ver CEPAL (2017). Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030, Santiago, CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41011
3 CEDAW corresponde a la sigla en inglés: Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women.
4 Véase la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) de la ONU, y también la Recomendación general nº 12 (1989), la Recomendación general nº 19 (1992) y la Recomendación general nº 35 (2017) de CEDAW.